Reforma laboral: las pymes pidieron cambios y advirtieron que algunos artículos podrían generar conflictos

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), expresó su preocupación por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y solicitó al Senado la supresión de varios artículos para evitar conflictos e inseguridad jurídica.

A través de una nota enviada a la Cámara alta, las entidades que representan a las pymes pidieron eliminar los artículos 126 al 132, al considerar que sus modificaciones sobre los convenios colectivos podrían generar mayor incertidumbre para empleadores y trabajadores y desnaturalizar el sistema de negociación vigente.

En el documento, las cámaras cuestionaron especialmente los cambios a la ley de negociación colectiva, al advertir que se rompe el equilibrio entre las partes, se debilita la autonomía de la negociación y se incrementa la conflictividad laboral, además de señalar una posible incompatibilidad con el artículo 14 bis de la Constitución y con convenios de la OIT.

También criticaron el artículo 128, que elimina los aportes obligatorios a las asociaciones empresarias pero mantiene los de los sindicatos, una medida que calificaron como desigual y discriminatoria. En tanto, rechazaron los artículos 130 y 131, que priorizan los convenios por empresa sobre los sectoriales, al considerar que fragmentan el marco regulatorio y pueden generar disparidades salariales injustificadas.

Por último, cuestionaron el artículo 132, que otorga al Estado la facultad de suspender convenios colectivos por razones amplias como “interés general” o “distorsiones económicas graves”, lo que —según advirtieron— agrega un factor de imprevisibilidad que dificulta la planificación.

El texto, firmado por el presidente de la CAME, Ricardo Diab, y la secretaria general Beatriz Tourn, sostuvo que los cambios propuestos buscan una ley que garantice “estabilidad, previsibilidad y equidad”.

El oficialismo prevé avanzar con el tratamiento de la reforma durante las sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero, aunque el proyecto enfrenta tensiones políticas y negociaciones abiertas con gobernadores, clave para su aprobación en el Senado.