Milei negó irregularidades en el escándalo de las valijas y apuntó contra la Aduana

El Presidente aseguró que el vuelo privado investigado por la Justicia fue legal y defendió el accionar del personal en Aeroparque. También negó tener vínculo con la pasajera y cuestionó la difusión de fotos.

En medio de la investigación judicial por el vuelo privado que aterrizó en Aeroparque el pasado 26 de febrero con valijas que no pasaron por controles, el presidente Javier Milei aseguró que “no hubo irregularidades” y que el operativo fue legal. El caso generó sospechas de contrabando debido a que las imágenes de seguridad mostraron a los tripulantes bajando con diez bultos sin escaneo previo.

Milei negó conocer a los pasajeros, en especial a Laura Belén Arrieta, la única pasajera del jet operado por Royal Class, y cuestionó los supuestos vínculos que se le atribuyeron. Dijo que se armaron “collages de fotos” para armar una historia sin fundamentos.

El mandatario respaldó la actuación de Aduana y explicó que el control de valijas “es discrecional”, por lo que no se trató de una orden suya ni de un trato especial. También argumentó que el equipaje ya había sido revisado en Estados Unidos y que no había elementos ilegales. Según detalló, eran dos valijas de la pasajera, dos de otra persona, dos de la tripulación y cuatro bolsas de compras.

Además, Milei remarcó que el Gobierno inició una denuncia penal y un sumario interno en la Aduana para esclarecer lo ocurrido, y subrayó que no manejan las cámaras de la PSA. Por otro lado, insistió en que los vuelos privados tienen los mismos controles que los comerciales.

La investigación sigue en manos del juez en lo penal económico Martín Yadarola, quien ordenó nuevas medidas para reconstruir el recorrido del avión, propiedad de Leonardo Scatturice, empresario cercano al Presidente y dueño de Flybondi. También se detectaron inconsistencias en la documentación del vuelo, que habría partido desde un aeropuerto distinto al declarado y no contaba con registros formales de ingreso a la Argentina, según informó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.