La UBA denunció que sus hospitales universitarios recibirán un 30% menos de fondos en 2026

La Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó su extrema preocupación por el recorte presupuestario previsto para 2026 y denunció que sus hospitales universitarios recibirán un 30% menos de fondos que en 2025, según el proyecto de Presupuesto Nacional impulsado por el Gobierno.

La advertencia fue realizada a través de una resolución del Consejo Superior, el principal órgano de gobierno de la UBA, donde además se rechaza la posible derogación de la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por el Congreso y se alerta por la profunda caída del salario de docentes, nodocentes y científicos, que ya perdió casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años.

Desde la universidad calificaron el ajuste como un “brutal recorte” que impactará directamente en instituciones clave del sistema de salud pública, como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la UBA y que atienden a más de 700 mil pacientes por año.

Según señalaron, los datos surgen del dictamen parlamentario del Presupuesto Nacional 2026 promovido por el Ejecutivo. De avanzar la iniciativa, el insuficiente aumento nominal para gastos de funcionamiento y la continuidad de la pérdida salarial prevista para el próximo año profundizarían el “ahogo presupuestario”, poniendo en riesgo la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios esenciales, especialmente en el área de la salud.

La UBA recordó que ya declaró la emergencia presupuestaria y reiteró la emergencia salarial de sus trabajadores y trabajadoras, debido a la desactualización de las partidas asignadas y a una pérdida del poder adquisitivo que supera el 45% respecto de diciembre de 2023.

En la resolución también se rechaza de manera explícita la derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario (Ley 27.795), incluida en el proyecto de Presupuesto, y se advierte que su eliminación “agravaría aún más” la situación crítica que atraviesan las universidades nacionales.

Por último, el Consejo Superior solicitó a la Cámara de Diputados el rechazo o la modificación del dictamen y la aprobación de una propuesta que contemple las necesidades reales del sistema universitario, junto con la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. El pedido fue extendido también al Senado, en el marco del tratamiento legislativo del Presupuesto 2026.