La oposición presentó un amparo para frenar el DNU de Milei que reformó la SIDE

Diputados de la Coalición Cívica y el Partido Socialista pidieron que se declare la inconstitucionalidad del decreto 941/2025. Cuestionan la falta de urgencia, los cambios en materia penal y el riesgo de persecución política.

La oposición avanzó en la Justicia para intentar frenar el DNU 941/2025, con el que el Gobierno de Javier Milei reformó la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y le otorgó nuevas facultades, entre ellas la posibilidad de realizar detenciones.

Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto a Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentaron una acción de amparo acompañada por una medida cautelar para que el decreto quede suspendido mientras la Justicia analiza su validez constitucional.

El expediente fue sorteado y quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Alián.

En la presentación judicial, los legisladores cuestionan al Poder Ejecutivo por haber modificado la Ley de Inteligencia Nacional mediante un decreto de necesidad y urgencia. Sostienen que no existió una situación real que justificara eludir el tratamiento parlamentario y remarcan que el DNU introduce cambios en materia penal, un ámbito que —según argumentan— está expresamente vedado al Presidente.

El planteo también alerta sobre la centralización de las tareas de inteligencia en la órbita presidencial y advierte que el nuevo esquema podría derivar en persecución política y en una militarización de la seguridad interior.

Uno de los puntos centrales del amparo es la crítica a la facultad otorgada al personal de inteligencia para realizar detenciones. Para los diputados, esa atribución corresponde exclusivamente a las fuerzas policiales y su extensión a la SIDE vulnera el debido proceso y los derechos humanos.

En relación con la medida cautelar, el escrito hace foco en la falta de urgencia. Según sostienen, el Gobierno contaba con alternativas institucionales para avanzar con la reforma sin recurrir a un DNU, como incluirla en el temario de sesiones extraordinarias o prorrogar el debate. “Estamos frente a la construcción política de una necesidad y una urgencia que carecen de todo correlato fáctico. Por ende, este Decreto no sobrevive al más mínimo test de control de constitucionalidad”, afirman.

El documento también cuestiona el contenido del decreto y advierte que “politiza la inteligencia”. Como ejemplo, señalan el traslado de la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete mediante la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que quedará bajo la conducción de Manuel Adorni.

Según los firmantes, los cambios introducen “una absoluta y total centralización bajo una misma estructura, toda dependiente del Poder Ejecutivo”, lo que podría afectar la independencia y objetividad en la producción de inteligencia estratégica. En ese sentido, alertan que el organismo podría convertirse “en una herramienta de persecución de periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo la fachada de ‘seguridad estratégica’”.

Los legisladores también remarcan que otorgar facultades de aprehensión a agentes de inteligencia implica legislar en materia penal a través de un decreto. “Cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado”, advierten, y agregan que las definiciones amplias sobre inteligencia y contrainteligencia generan un efecto inhibidor sobre el ejercicio de derechos políticos y la libertad de expresión, especialmente en contextos de protesta social o disenso político.

Por último, el amparo cuestiona que el DNU establezca que “todas las actividades de inteligencia son encubiertas”. Para los demandantes, esa disposición contradice el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y profundiza la falta de transparencia del sistema de inteligencia.