La Justicia ordena aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario

Tras un fallo la Justicia le ordenó al Gobierno nacional que cumpla de manera inmediata con la ley de financiamiento universitario, una norma clave para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas

Por Matías Paredes

Esta decisión judicial representa un gran golpe para la administración de Javier Milei, que venía demorando la implementación de la ley desde hace meses ,despues que la ley fuera promulgada por el congreso como la La ley 27.795 que tiene como objetivo el aumento del presupuesto universitario, pero nunca se implementaria por la politica del oficialismo de ajuste del gasto público.

Al nunca implementarse la ley, rectores, docentes y estudiantes vienen denunciando un desfinanciamiento crítico que pone en riesgo el normal funcionamiento normal de las instituciones.

La Justicia entendió que la demora en la aplicación de la ley no es una cuestión administrativa, sino una vulneración concreta del derecho a la educación pública, y por eso ordenó su ejecución inmediata.

El fallo apunta directamente a la responsabilidad del Poder Ejecutivo de garantizar los recursos necesarios para el sistema universitario.

La situación es especialmente crítica en la UBA, una de las universidades más importantes del continente en donde se viene alertando sobre dificultades para sostener:

• El pago de salarios docentes y empleados no docentes.
• El funcionamiento de hospitales universitarios.
• El mantenimiento de edificios.
• La continuidad de programas académicos de investigacion y becas.

Desde la universidad sostienen que el retraso en el financiamiento no es menor, ya que impacta directamente en la calidad educativa y en el acceso de miles de estudiantes.

El conflicto con las universidades se convirtió en uno de los focos más sensibles de la gestión Milei. El Gobierno sostiene una política de reducción del gasto que también alcanza al sistema educativo, lo que generó una fuerte resistencia.

Docentes universitarios, gremios y estudiantes protagonizaron paros, marchas y protestas en defensa de la educación pública, Informes del sector señalan que el presupuesto universitario sufrió una caída cercana al 35% en términos reales en los últimos años, impactando principalmente en los salarios docentes.

Desde que la Libertad Avanza subio al poder, pusieron a las universidades nacionales como el «enemigo ideal» para alimentar su narrativa de castas y auditorías. Todo esto produjo docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza, científicos que abandonan el país y aulas que no funcionan como deberian.

El fallo judicial aparece como un respaldo institucional a esos reclamos. Una ley que el Gobierno demoraba en cumplir

La ley de financiamiento universitario establece mecanismos para actualizar el presupuesto de las universidades en función de la inflación y garantizar su funcionamiento.

Sin embargo, el Gobierno venía demorando su ejecución, lo que en la práctica implicaba una pérdida real de recursos frente al aumento de costos. Para la Justicia, esa demora implica un incumplimiento de una obligación legal y afecta derechos fundamentales.

La justicia obligo a Nación a recomponer la pérdida generada por la inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos los destinados a hospitales universitarios y al área de ciencia y técnica, junto con el presupuesto para becas

Ahora el juez federal Martín Cormick obligó al Ejecutivo a cumplir las disposiciones de la Ley 27.795 de forma inmediata, vinculadas a la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles, recomponer la pérdida generada por la inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos los destinados a hospitales universitarios y al área de ciencia y técnica.