La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que implementó el Gobierno

El juez federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. La decisión se tomó tras hacer lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En su fallo, el magistrado consideró que la Resolución 943/23 es ilegítima y carece de los requisitos necesarios para ser considerada un acto administrativo válido. “Se conforma —de manera manifiesta— la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y —en consecuencia— corresponde declarar su nulidad (…) por carecer de los elementos exigidos (…) para ser considerado un acto administrativo válido”, sostuvo Cormick.

Además, el juez indicó que las personas que hayan sido afectadas por la aplicación del protocolo podrán realizar denuncias individuales ante la Justicia penal contra quienes hayan actuado siguiendo esas instrucciones. Según precisó, cada caso deberá ser evaluado de manera particular por los tribunales competentes.

La reacción de los denunciantes

Tras conocerse el fallo, el CELS celebró la resolución judicial y remarcó que “pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer” y que no puede restringir derechos constitucionales a través de una resolución administrativa.

Desde la organización señalaron que el juez sostuvo que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y dar instrucciones a las fuerzas de seguridad, el protocolo se excedió al punto de modificar leyes penales, procesales y orgánicas de la policía, funciones que corresponden exclusivamente al Congreso. “El Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Poder Legislativo y del Poder Judicial”, afirmaron.

Las últimas aplicaciones del protocolo

La última vez que el protocolo antipiquetes fue aplicado ocurrió a mediados de diciembre, durante la marcha de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, cuando Alejandra Monteoliva ya estaba al frente del Ministerio de Seguridad.

En paralelo, continúa en curso una causa judicial para determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos durante la movilización del 12 de marzo, cuando el reportero gráfico Pablo Grillo resultó gravemente herido tras recibir el impacto de un tubo de gas lacrimógeno mientras trabajaba en las inmediaciones del Congreso.

Repercusiones políticas y sindicales

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró el fallo y sostuvo que “una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y mucho menos pretender reformarla”. En ese sentido, calificó la decisión judicial como “un gran avance contra la represión”.

Aguiar también advirtió que, de haberse tomado una decisión similar con anterioridad, se podrían haber evitado más de 1400 heridos en manifestaciones. “Comienzan a restablecerse las garantías constitucionales y se pone un límite al autoritarismo extremo del Gobierno”, afirmó, y concluyó: “Ya era hora de que, ante semejante afectación de derechos fundamentales, la Justicia dejara de mirar para otro lado”.