El Gobierno puso en marcha la privatización de AySA

Manuel Adorni anunció el inicio del proceso para transferir el 90% de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. a capitales privados. Se realizará mediante una licitación nacional e internacional y una oferta pública inicial.

El Gobierno nacional dio el primer paso hacia la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa estatal encargada del suministro de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Así lo anunció este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Según detalló Adorni, el Estado busca transferir el 90% de las acciones que posee actualmente en la empresa a manos privadas. Para ello, se implementará un “esquema mixto” que contempla una licitación pública, tanto nacional como internacional, para seleccionar un operador estratégico, y una oferta pública inicial (IPO) para abrir el capital de la compañía a otros inversores.

Además, se mantendrá el 10% restante en manos de los empleados bajo el Programa de Propiedad Participada vigente, garantizando su participación como accionistas en la nueva etapa de la empresa.

El proceso comenzará formalmente este viernes 18 de julio y será supervisado por la Comisión Nacional de Valores. “La privatización permitirá modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio. Este es el paso más importante en el camino para la irremediable privatización de AySA”, afirmó el portavoz presidencial.

AySA fue creada el 21 de marzo de 2006 por el Decreto 304/2006, posteriormente ratificado por la Ley 26.100, luego de la salida de la firma Aguas Argentinas, en manos privadas hasta ese entonces. Desde su estatización, según cifras oficiales, la empresa requirió aportes del Tesoro Nacional por 13.400 millones de dólares hasta 2023.

Adorni también advirtió sobre un “fuerte deterioro en la infraestructura y en los costos operativos” bajo la gestión estatal. “La dotación creció un 90% y el nivel de morosidad de los usuarios alcanzó el 16%, cuando históricamente era del 4% en promedio”, subrayó.

Con este nuevo paso, el Gobierno reafirma su política de achicamiento del Estado y avanza en su plan de privatización de empresas públicas, buscando reducir el gasto y atraer inversiones privadas para modernizar servicios esenciales.