El Congreso convoca a una audiencia pública para debatir la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública para los días 25 y 26 de marzo, donde especialistas, organizaciones ambientales, científicos y representantes de distintos sectores expondrán sus posiciones sobre el proyecto que busca modificar la normativa vigente.

Por Matías Paredes

En el último plenario de comisiones de Diputados se determinó que existan dos audiencias públicas, el 25 y 26 de marzo, de forma previa a la instancia de dictaminar el proyecto por la camara de Diputados, proyecto que ya obtuvo media sanciónen el Senado con 40 votos a favor y 31 en contra.

El 25 de marzo se realizará la jornada presencial en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados, en Avenida Rivadavia 1841, en la Ciudad de Buenos Aires. Ahi podrán exponer quienes se inscriban previamente.

Al día siguiente, el 26 de marzo, continuará la audiencia en modalidad virtual. Las exposiciones se desarrollarán en el mismo horario durante ambas jornadas.

Las autoridades fijaron la franja entre las 10:00 y las 19:00. Durante ese tiempo, los participantes podrán presentar sus argumentos sobre la reforma de la Ley de Glaciares.

Qué establece la actual Ley de Glaciares

La Ley 26.639, aprobada en 2010, fija presupuestos mínimos para proteger los glaciares y el llamado ambiente periglacial, áreas de montaña fundamentales para la regulación del agua.

La norma prohíbe actividades que puedan afectar estos ecosistemas, tales como la explotación minera o petrolera, liberación de sustancias contaminantes, construcción de infraestructura industrial, cualquier intervención que altere el equilibrio natural de los glaciares. 

Los glaciares son considerados reservas estratégicas de agua dulce, ya que alimentan ríos y cuencas que abastecen a millones de personas en distintas regiones del país. 

Qué cambios propone el proyecto de reforma.

El proyecto impulsado por el Gobierno busca modificar la definición de las áreas protegidas, limitando la protección a aquellos glaciares o zonas periglaciales que cumplan funciones directas como reserva hídrica. 

Quienes defienden la reforma sostienen que el objetivo es dar mayor claridad legal, eliminar zonas grises y permitir el desarrollo de actividades productivas, principalmente en provincias con fuerte potencial minero. 

Según este sector, la ley actual tiene definiciones demasiado amplias y zonas grises que terminan bloqueando proyectos económicos, incluso en zonas donde no habría un impacto directo sobre el agua. 

Sin embargo, organizaciones ambientales, científicos y académicos advierten que los cambios podrían debilitar uno de los principales marcos de protección ambiental del país.

Según estos sectores, reducir las áreas protegidas permitiría habilitar actividades mineras en zonas cercanas a glaciares o en el ambiente periglacial, lo que podría afectar el equilibrio de estos ecosistemas. 

Distintas organizaciones también remarcan que los glaciares cumplen un rol fundamental en el abastecimiento de agua y en la regulación climática, por lo que cualquier retroceso en su protección podría impactar a largo plazo en el acceso al agua para comunidades y actividades productivas.

Durante el encuentro en Diputados, la rionegrina Adriana Serquis de Unión por la Patria, busca animar a las provincias y aseguró que «vamos a hacer todo el trabajo que sea posible para que en Diputados no puedan aprobarla» además del impacto ambiental, puede afectar a otras «actividades productivas que dependen del agua y de la función hídrica de los glaciares«.

Por su parte, la bonaerense Romina Del Plá de Frente de Izquierda, criticó que solo hayan dos encuentros abiertos para la ciudadanía e insistió que «lo que correspondería es que Diputados no trate este proyecto porque no queremos que la ley de Glaciares se toque para empeorar».

Mientras algunos gobiernos provinciales y sectores productivos consideran que la reforma puede favorecer inversiones y generar empleo, organizaciones ambientales sostienen que el país debe priorizar la protección de sus reservas de agua y los ecosistemas de montaña.

La audiencia pública convocada por Diputados busca precisamente abrir ese debate a la sociedad y reunir argumentos técnicos antes de una eventual votación en el Congreso.