Denuncian a Bristol Medicine por “pruebas falsas” mientras un paciente con cáncer sigue sin tratamiento

La Justicia Federal volvió a poner en la mira a Bristol Medicine. El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Juez Luis Antonio Armella, intimó a la empresa a cumplir con una medida cautelar que ordena restituir la afiliación y cobertura médica de Aldo Emil Anguita, un paciente con cáncer de colon.

Según la resolución judicial, la prepaga deberá acreditar en un plazo de tres días el cumplimiento de la orden, bajo apercibimiento de multas de $50.000 por cada día de demora. La decisión se tomó tras constatar que no existen pruebas del cumplimiento efectivo de la medida dictada previamente.

El caso se enmarca en un amparo de salud iniciado por Anguita, quien había sido dado de baja de la cobertura pese a atravesar una enfermedad oncológica grave. La Justicia ya había ordenado su inmediata reafiliación y la cobertura integral del tratamiento, considerando que está en juego el derecho a la salud y a la vida.

Sin embargo, la familia denuncia que la empresa no acató la orden en la práctica. Según explicó Jimena Madonia, esposa del paciente, Bristol Medicine informó al juzgado un supuesto restablecimiento del plan BM500, pero en realidad se trataría de una cobertura básica que no responde a la complejidad del cuadro clínico.

“El abogado Ricardo M. Cohen nos miente todos los días y juega con la salud de mi marido”, afirmó Madonia en una dura acusación pública.
“Este es el estudio que presentó pruebas falsas ante el juez”, agregó en referencia al Estudio Cohen & Basile, quienes representan a la prepaga.

La denuncia también apunta directamente contra el representante legal de la empresa, a quien acusan de presentar información que no se condice con la atención real que recibe el afiliado. Según la familia, estas maniobras buscan evitar las sanciones económicas impuestas por la Justicia.

El conflicto deja al paciente en una situación crítica. De acuerdo a la familia, la falta de cobertura efectiva no solo impide avanzar con el tratamiento oncológico, sino que también bloquea su acceso al sistema de salud pública, profundizando su estado de vulnerabilidad.

Desde el entorno del damnificado sostienen que se trata de una estrategia dilatoria que prioriza intereses corporativos por sobre la urgencia médica.

Mientras corre el plazo judicial y las multas comienzan a acumularse, el caso expone una tensión cada vez más frecuente: el choque entre decisiones judiciales que buscan garantizar el derecho a la salud y las prácticas de algunas prepagas frente a tratamientos de alto costo.