Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió frenar el decomiso de los bienes de sus hijos

La defensa de la ex presidenta denunció una “persecución política enmascarada” y solicitó suspender la incautación de 19 propiedades en Santa Cruz pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner. La fiscalía, en cambio, pidió avanzar con el decomiso millonario fijado por la Justicia.

La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó este viernes que se deje sin efecto el decomiso de 19 propiedades ubicadas en Santa Cruz que pertenecen a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad. Los abogados de la ex mandataria denunciaron que la medida constituye un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”.

El planteo fue presentado ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El tribunal tenía prevista una audiencia para este viernes, pero finalmente todas las partes optaron por presentar escritos breves en lugar de exponer oralmente, por lo que los magistrados quedaron en condiciones de resolver.

La defensa de la ex presidenta, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidió que se revoque la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 que ordenó avanzar con la ejecución del decomiso como parte de la condena en la causa. Según argumentaron, todavía no existen decisiones judiciales firmes sobre la cuantía del decomiso ni sobre cuáles son exactamente los bienes que deberán ser afectados, ya que hay recursos pendientes de resolución, incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese sentido, solicitaron que se suspendan todas las medidas administrativas y ejecutivas vinculadas con la tasación, inscripción registral y eventual transferencia de los bienes al máximo tribunal, que actúa como administrador de los activos decomisados. Para la defensa, avanzar con ese proceso implicaría una confiscación de bienes “legítimamente adquiridos” por los hijos de la ex mandataria.

Los letrados sostuvieron que todos los activos que integran el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner tienen origen lícito y que esa situación ya fue acreditada en distintos fallos judiciales con carácter de cosa juzgada. También remarcaron que los bienes fueron recibidos por parte de sus padres mediante actos jurídicos realizados de manera legal y de buena fe.

En su presentación, los abogados advirtieron que si se ejecuta el decomiso sin una sentencia firme se estaría produciendo una privación del derecho de propiedad en violación del artículo 17 de la Constitución Nacional. Además, afirmaron que la decisión judicial vulnera principios fundamentales como la legalidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el valor de la cosa juzgada, y adelantaron que, de ser necesario, podrían recurrir a organismos internacionales.

Del otro lado, el fiscal ante Casación Mario Villar pidió que se rechacen todos los recursos presentados por las defensas y que continúe la ejecución del decomiso fijado por la Justicia, que asciende a 684.990.350.139,86 pesos. Según sostuvo en su dictamen, la medida no constituye una sanción adicional ni una nueva pena, sino una consecuencia legal de una condena penal firme dictada tras un proceso que respetó las garantías del debido proceso.

El fiscal argumentó que el decomiso es un instrumento necesario para asegurar la eficacia material de la condena, especialmente en casos de delitos complejos vinculados a corrupción. También señaló que el Tribunal Oral Federal 2 dispuso expresamente esta medida en la sentencia y que lo único pendiente es su ejecución mediante la identificación y realización de bienes que permitan cubrir el monto fijado.

En su presentación, Villar remarcó que el objetivo es evitar la impunidad, privar a los responsables del producto de sus actividades delictivas y generar conciencia sobre la gravedad de los hechos investigados.

La condena en la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos extraordinarios y confirmó el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificado previamente por la Cámara de Casación. En ese proceso, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Actualmente la ex presidenta cumple la pena bajo arresto domiciliario en su departamento ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. En la misma sentencia también fueron condenados el empresario Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

Todos fueron considerados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la adjudicación de obras públicas viales en Santa Cruz a empresas vinculadas a Báez, que según determinó la Justicia incluyeron direccionamiento de contratos, sobreprecios y diversas irregularidades.