Asfixia financiera y caída en las encuestas: el Ejecutivo intenta usar las deudas históricas para disciplinar a las provincias

En un escenario de creciente conflictividad social por el ajuste salvaje, la Casa Rosada busca aire político relanzando un régimen de compensación que genera más dudas que certezas en los territorios federales.

Por Fiamma Flecha.

Ante el desplome vertical de la imagen presidencial y un malestar popular que ya desborda en las calles de todo el país, el Gobierno nacional intenta un desesperado movimiento de pinzas sobre los gobernadores. En las últimas horas, y con el agua al cuello por el fracaso social del plan económico, el Poder Ejecutivo oficializó el Decreto 171/2026, una prórroga del «Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas». Bajo el ropaje de un supuesto ordenamiento de cuentas, la medida busca, en realidad, ganar tiempo y oxígeno político en medio de la crisis.

Desde el búnker libertario insisten en que la iniciativa pretende caminar hacia un «verdadero federalismo». Sin embargo, la realidad en las provincias cuenta otra historia: la extensión de los plazos parece ser la última carta de una gestión que necesita desesperadamente que los mandatarios provinciales validen un sistema de compensación de deudas que, hasta ahora, ha servido más para licuar pasivos nacionales que para fortalecer las economías regionales.

Un federalismo de cartón frente al reclamo de los pueblos

El esquema ya había nacido con el rechazo de gran parte del arco federal. Los gobernadores denuncian que el régimen es una «caja negra»: no precisa los montos reales a compensar y deja en la total incertidumbre la implementación de los pagos. A esto se suma el atropello político de haber diseñado el plan sin consultar a las jurisdicciones, mientras el Gobierno nacional mantiene retenidos fondos clave como las transferencias previsionales y la coparticipación, herramientas vitales para el sostenimiento de la justicia social en el interior. La normativa, firmada por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, otorga una ventana de 60 días hábiles para que las provincias se arrodillen ante la Secretaría de Hacienda y manifiesten su adhesión.

¿Pago de deuda o desguace del patrimonio?

El punto más alarmante de este régimen —que el Ejecutivo tilda de «creativo»— es la intención de cancelar deudas con activos no financieros. En términos llanos: el Gobierno pretende pagar sus deudas históricas entregando tierras, rutas y empresas públicas radicadas en las provincias. Lo que la administración libertaria define como «limpiar balances», para muchos sectores representa un desguace planificado del patrimonio nacional y una transferencia de responsabilidades estatales a las órbitas provinciales sin los recursos correspondientes.

Los detalles técnicos del nuevo esquema establecen:

• Plazos de acreditación: Las provincias tienen hasta el 31 de diciembre de 2027 para presentar la documentación que acredite sus acreencias.
• Mediación centralista: Si hay diferencias en los montos, se abre un proceso de 180 días bajo una «lealtad federal» que, en la práctica, queda sujeta al arbitrio del Ministerio de Economía.
• Control del ajuste: El Palacio de Hacienda retiene la autoridad total, limitando la intervención de la Sindicatura General de la Nación a casos estrictamente judiciales.

El mapa de la resistencia y la necesidad de gobernabilidad

Hasta el momento, solo ocho mandatarios han sellado su ingreso al régimen: Sáenz (Salta), Jalil (Catamarca), Torres (Chubut), Passalacqua (Misiones), Ziliotto (La Pampa), Vidal (Santa Cruz), Jaldo (Tucumán) y Valdés (Corrientes). El Gobierno espera que la asfixia financiera obligue al resto a sumarse.

En definitiva, no se trata solo de un tecnicismo contable. El éxito de esta prórroga es la última apuesta de un modelo que se queda sin crédito social y que busca, mediante el intercambio de activos y la presión fiscal, reconstruir una gobernabilidad que hoy se le escapa de las manos ante el justo reclamo del pueblo argentino.

Por Fiamma Flecha.